Los impuestos verdes nos permiten avanzar hacia una sociedad sustentable, al corregir las distorsiones económicas que generan las externalidades negativas.
La
sustentabilidad ambiental requiere que los
costos del deterioro ambiental sean absorbidos por los agentes responsables y no por la sociedad en su conjunto, pues de otra forma
se quiebra el equilibrio entre sus ejes, inclinándose la balanza hacia el eje económico
y en desmedro de lo social y lo ambiental.
En una sociedad sustentable el fenómeno de las externalidades negativas no debería producirse, porque en una sociedad sustentable el desarrollo económico no debería ser a costo del desarrollo social y del cuidado del medio ambiente.
Una externalidad, según la teoría económica, es una situación en la que se obtiene una ganancia sin pagar la correspondiente retribución. Esta externalidad es positiva en la medida que ella no tiene asignada retribución, y negativa si el costo se desplaza a otro agente que no obtiene compensación por su ocurrencia, como ocurre precisamente con la contaminación, en que al menos una parte del costo por el uso de los componentes ambientales se desplaza a la comunidad que rodea la actividad contaminante. La externalidad negativa crea una distorsión económica que se refleja en el mercado, pues rebaja artificialmente el costo de la producción, y mantiene bajos los precios de multiplicidad de bienes y servicios que derivan de la explotación de recursos ambientalmente relevantes. El costo no asumido por quien contamina o daña, es finalmente asumido por la sociedad que sufre la disminución de componentes ambientales relevantes para la vida, el detrimento a la salud de las personas, de la calidad los bienes que son comunes a todos, y que además financia el gasto en que el Estado debe incurrir para reducir la contaminación.
De acuerdo a la Declaración de Rio¸ en su principio 16, el Estado debe asumir un rol activo a fin de propender a que los agentes económicos internalicen las externalidades negativas: “Las autoridades nacionales deberán procurar asegurar la internalización de costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.”
Esa intervención del Estado puede efectuarse a través de instrumentos regulatorios o instrumentos económicos, entre los cuales encontramos a los impuestos.
Los instrumentos regulatorios por regla general consisten en el establecimiento de máximos posibles de emisión, o máximos tolerables de inmisión. El costo de la contaminación y deterioro ambiental permitido, no lo asume el agente que contamina, lo asume el Estado y toda la sociedad, con lo cual podemos advertir desde ya, que si bien estas regulaciones son beneficiosas para la protección ambiental, en especial en la medida que los estándares permisibles de emisión e inmisión son establecidos con acuerdo social, no cumplen, ni pueden cumplir a cabalidad con las premisas de la sustentabilidad y deben ser complementadas por otros instrumentos como los económicos.
Se puede definir a los impuestos ambientales como “aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un probado impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioambiente"“Environmental taxes – A statistical guide European Communities”, como los que se establecen respecto de actividades como emisiones al aire; sustancias que reducen la capa de ozono; efluentes al agua o tratamiento de efluentes; fuentes difusas de polución al agua como pesticidas, fertilizantes artificiales, etc.; gestión de residuos; ruido; productos derivados de combustibles fósiles; transporte y otros similares.
Los impuestos ambientales permiten cumplir con las premisas de la sustentabilidad al atacar directamente el fenómeno de la externalidad negativa. En efecto, al generarse un costo inmediato por la sola existencia de una unidad de contaminación, las empresas se ven obligadas a invertir en nuevas tecnologías, innovación y mejoras de producción, a fin de generar un ahorro. Si bien esto puede redundar en un aumento del precio final de los bienes, encareciéndolos, en una situación de competencia, ello debería significar una ventaja comparativa para las empresas más eficientes y limpias y un ajuste en el consumo de bienes que tienen costos ambientales altos, efectos todos deseables, y que significan protección para los componentes ambientales y para la sociedad que tiene derecho al disfrute de los bienes ambientales amenazados.
En una sociedad sustentable el fenómeno de las externalidades negativas no debería producirse, porque en una sociedad sustentable el desarrollo económico no debería ser a costo del desarrollo social y del cuidado del medio ambiente.
Una externalidad, según la teoría económica, es una situación en la que se obtiene una ganancia sin pagar la correspondiente retribución. Esta externalidad es positiva en la medida que ella no tiene asignada retribución, y negativa si el costo se desplaza a otro agente que no obtiene compensación por su ocurrencia, como ocurre precisamente con la contaminación, en que al menos una parte del costo por el uso de los componentes ambientales se desplaza a la comunidad que rodea la actividad contaminante. La externalidad negativa crea una distorsión económica que se refleja en el mercado, pues rebaja artificialmente el costo de la producción, y mantiene bajos los precios de multiplicidad de bienes y servicios que derivan de la explotación de recursos ambientalmente relevantes. El costo no asumido por quien contamina o daña, es finalmente asumido por la sociedad que sufre la disminución de componentes ambientales relevantes para la vida, el detrimento a la salud de las personas, de la calidad los bienes que son comunes a todos, y que además financia el gasto en que el Estado debe incurrir para reducir la contaminación.
De acuerdo a la Declaración de Rio¸ en su principio 16, el Estado debe asumir un rol activo a fin de propender a que los agentes económicos internalicen las externalidades negativas: “Las autoridades nacionales deberán procurar asegurar la internalización de costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.”
Esa intervención del Estado puede efectuarse a través de instrumentos regulatorios o instrumentos económicos, entre los cuales encontramos a los impuestos.
Los instrumentos regulatorios por regla general consisten en el establecimiento de máximos posibles de emisión, o máximos tolerables de inmisión. El costo de la contaminación y deterioro ambiental permitido, no lo asume el agente que contamina, lo asume el Estado y toda la sociedad, con lo cual podemos advertir desde ya, que si bien estas regulaciones son beneficiosas para la protección ambiental, en especial en la medida que los estándares permisibles de emisión e inmisión son establecidos con acuerdo social, no cumplen, ni pueden cumplir a cabalidad con las premisas de la sustentabilidad y deben ser complementadas por otros instrumentos como los económicos.
Se puede definir a los impuestos ambientales como “aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un probado impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medioambiente"“Environmental taxes – A statistical guide European Communities”, como los que se establecen respecto de actividades como emisiones al aire; sustancias que reducen la capa de ozono; efluentes al agua o tratamiento de efluentes; fuentes difusas de polución al agua como pesticidas, fertilizantes artificiales, etc.; gestión de residuos; ruido; productos derivados de combustibles fósiles; transporte y otros similares.
Los impuestos ambientales permiten cumplir con las premisas de la sustentabilidad al atacar directamente el fenómeno de la externalidad negativa. En efecto, al generarse un costo inmediato por la sola existencia de una unidad de contaminación, las empresas se ven obligadas a invertir en nuevas tecnologías, innovación y mejoras de producción, a fin de generar un ahorro. Si bien esto puede redundar en un aumento del precio final de los bienes, encareciéndolos, en una situación de competencia, ello debería significar una ventaja comparativa para las empresas más eficientes y limpias y un ajuste en el consumo de bienes que tienen costos ambientales altos, efectos todos deseables, y que significan protección para los componentes ambientales y para la sociedad que tiene derecho al disfrute de los bienes ambientales amenazados.
Macarena Muñoz Valenzuela
Abogada Especialista en Derecho Ambiental
Consultora en Sustentabilidad
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